Tras una reunión de este martes, de más de cinco horas de duración en la que no se llegó a un entendimiento acerca de la bajada de ratios aunque sí se «encarriló» el pacto en torno a la carga burocrática, la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes se han emplazado este jueves a las 12 horas para firmar o no los acuerdos sobre las cuestiones que han debatido los últimos días destinadas a solucionar la huelga indefinida del profesorado, según han decidido este miércoles tras una reunión de cinco horas.
La Conselleria de Educación se ha comprometido con los cinco sindicatos de docentes a enviarles por correo electrónico en la tarde de este miércoles -cuando en un principio se iba a retomar la reunión aunque finalmente no ha sido así- la redacción final de cada punto, para que lo puedan consultar a sus afiliados aquellas organizaciones que tienen que cumplir ese paso.
De esta forma, se les van a enviar los documentos finales sobre plantillas, ratios, infraestructuras, inclusión, FP, burocracia e incluso retribuciones -sobre las que el lunes Educación y ANPE y CSIF firmaron un acuerdo para un aumento de 200 euros hasta 2028-, por si se quieren sumar los otros tres sindicatos y sobre el valenciano, que no han debatido hoy.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado tras la reunión que van a redactar las propuestas sobre cada punto por separado y enviarlas a los sindicatos, al tiempo que ha calificado de «muy bueno» un acuerdo que, según ha dicho, cualquier comunidad autónoma firmaría «ahora mismo con los ojos cerrados».
McEvoy ha dado por acabadas ya estas reuniones específicas para cerrar la huelga, aunque si hace falta están abiertos a retomarlas y habrá mesas de negociaciones desde la semana que viene para desarrollar acuerdos, y ha defendido que «todo es mejorable», pero lo que ofrecen es no ya para «no tener una huelga en marcha», sino para que los estudiantes estén lo mejor atendidos.
El coordinador de acción sindical del STEV, Marc Candela, y las responsables de Educación de CCOO, Xelo Valls, y UGT, Maite Tarazona, han indicado que, hasta que el profesorado ratifique si firman o no los acuerdos, la huelga indefinida que ha cumplido hoy trece días sigue en marcha, y ahora van a estudiar cómo hacer la consulta al profesorado.
Desde CCOO, Óscar Ortiz, asegura que valorarán con calma la propuesta que les envíen desde conselleria y auncia que harán una consulta general para ver si se firma o no, ya que lo consideran una decisión conjunta.
El presidente autonómico de CSIF, José Seco, ha considerado que es más eficiente hacer acuerdos monográficos y ha explicado que consultarán con el comité ejecutivo qué hacer con el borrador final que les envía la Conselleria.
Respecto a las plantillas, la Conselleria ha presentado esta mañana un documento en el que se compromete a reducir el tiempo de sustitución en «al menos dos días» (de 10 a 8 días de media), así como a «revisar y actualizar» las órdenes de plantillas en virtud de las decisiones de una comisión de seguimiento que evalúe y ajuste las necesidades del sistema.
Además, se han incluido algunas propuestas sindicales, como la compensación de horas del equipo directivo o la simplificación administrativa del trámite para la incorporación inmediata a la bolsa de trabajo del profesorado interino tras su cese, pero los sindicatos han pedido concreciones y que por ejemplo las vacantes y sustituciones se cubran en un máximo de tres días.
Sobre las infraestructuras, los sindicatos han pedido ampliar la cuantía de la oferta de Educación de destinar 372,7 millones de euros, y un calendario concreto para los compromisos del documento, que recoge un plan director de infraestructuras que incluye un plan de confort térmico y uno de accesibilidad, y un plan específico para la zona dana.
Los sindicatos también han pedido un acuerdo entre ayuntamientos, Diputaciones y Generalitat sobre el mantenimiento de los centros, y la Conselleria ha explicado a los sindicatos que los plazos para la mejora de las infraestructuras educativas no se pueden concretar ahora y se darán en reuniones específicas, según han informado fuentes sindicales.
Educación ha presentado también una nueva propuesta para la reducción progresiva de ratios con el objetivo de llegar en cuatro años a 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 30 en Bachillerato -uno menos en la oferta anterior para estas dos últimas etapas-, que los sindicatos han vuelto a considerar insuficiente.
En materia de inclusión, Educación ha planteado desarrollar un plan de bienestar docente o el impulso de las unidades de detección precoz en salud mental, pero los sindicatos han considerado también que es insuficiente si no va acompañada de un refuerzo estructural.
Más de 25.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno, han recorrido este miércoles el centro de València hasta llegar a la Conselleria de Educación, donde la administración y los sindicatos siguen negociando desde las 09:47 horas en el decimotercer día de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana.
Bajo el lema «Menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano», la marcha ha partido a las 11:14 horas desde la Plaza de San Agustín y ha recorrido las calles Guillén de Castro, La Petxina, Puente de las Glorias y Avenida Pío XII hasta llegar a la Conselleria, con pancartas como ‘Hui no cobre porquè el teu fill no siga un adult ignorant’ y ‘Qui docents crema, apaga futurs’.
Una hora después, algunos manifestantes todavía esperaban para salir desde la Plaza de San Agustín, protegidos del sol por paraguas y a gritos de «consellera dimissió», mientras portaban un cartel gigante con la cara de la consellera de Educación, Carmen Ortí, con unas manos y unas tijeras pintadas y un ataúd por la escuela pública, al tiempo que han hecho un minuto de silencio.
El sindicato CSIF, uno de los convocantes de la huelga indefinida, no ha participado en la multitudinaria manifestación y ha decidido desconvocar a partir de este miércoles las protestas para «centrarse en impulsar la negociación» con la Conselleria de Educación, según ha informado en un comunicado, tras firmar el lunes junto a ANPE el acuerdo referido a las retribuciones, que se incrementarán 200 euros hasta 2028. Lo verbaliza José Seco, responsable de Educación del sindicato.
Esta central sindicato explica que «debido a las continuas denuncias de discriminación salarial de los docentes valencianos y a la presión ejercida, la Conselleria se vio abocada a presentar un documento de subida salarial con un aumento de 200 euros mensuales con actualización del IPC sobre el conjunto del complemento autonómico, seis días de libre disposición o iniciar una regulación del teletrabajo».
Un punto que fue firmado por este sindicato y por ANPE -y no por el resto de organizaciones representadas en la Mesa de negociación, STEPV, CCOO y UGT- y que CSIF ha calificado de «hito histórico» y de reconocimiento retributivo a la labor docente «que no se había producido en décadas».
Este avance «debe permitir» lograr otros en materia de ratios, disminución de burocracia o infraestructuras, entre otros temas que se están abordando en mesas sectoriales y supera «significativamente» el reciente acuerdo alcanzado en Asturias, que CSIF no firmó por considerarlo insuficiente, pero que otros sindicatos «sorprendentemente sí rubricaron cuando la subida era de 140 euros», añade CSIF en su comunicado.
«También mejora el último acuerdo en Cataluña que recogía peores condiciones que en la Comunitat Valenciana y que también apoyaron con su firma otros sindicatos que en la Comunitat lo rechazan», según ha señalado.
El sindicato de funcionarios recalca que ahora, tras el acuerdo en el punto de retribuciones, es «imprescindible centrarse en el diálogo» con el fin de seguir logrando mejoras para la educación pública.
a secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, ha solicitado a la Dirección General de Trabajo servicios mínimos del 100% para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU.
La medida, según recalca la Generalitat en un comunicado, «garantiza la celebración de las pruebas de acceso a la universidad en junio y julio de 2026 y protege el derecho fundamental a la educación del estudiantado valenciano recogido en el artículo 27 de la Constitución Española».
«La PAU no es un trámite administrativo, es el momento más importante de la trayectoria académica de miles de jóvenes valencianos que llevan años trabajando para llegar hasta aquí. Nuestra obligación constitucional es garantizar que puedan realizarla en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, exactamente igual que el resto de estudiantes de España», ha aseverado la secretaria autonómica de Universidades.
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