El PSPV denuncia que la vivienda protegida se encarece un 16,7% en la Comunitat Valenciana

El PSPV-PSOE ha situado la vivienda en el centro del arranque del curso político en Dénia. La diputada autonómica y exconsellera de Vivienda María José Salvador ha comparecido junto a la secretaria general de los socialistas dianenses y concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, para cuestionar las políticas desarrolladas por el Consell y, especialmente, el incremento del precio máximo de la vivienda protegida.

Salvador ha asegurado que las modificaciones aplicadas desde la llegada del PP a la Generalitat han supuesto un incremento del 16,7% del precio del módulo de la vivienda protegida en menos de dos años. Según los cálculos expuestos por la diputada socialista, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados que podía situarse alrededor de los 217.000 euros pasaría ahora a unos 231.000 euros.

La diputada autonómica ha cuestionado que estos precios permitan realmente acceder a una vivienda a quienes tienen mayores dificultades. Según ha señalado, una operación de estas características puede exigir una entrada próxima a los 40.000 euros y una hipoteca de alrededor de 900 euros mensuales. Salvador también ha criticado el modelo del Plan VIVE y ha defendido que las viviendas protegidas mantengan permanentemente esa calificación, evitando que posteriormente puedan incorporarse al mercado libre.

El PSPV ha trasladado estas reivindicaciones a Les Corts Valencianes mediante una proposición no de ley en la que pide revertir el incremento del módulo, recuperar la calificación permanente de la vivienda protegida y revisar los niveles de renta establecidos para acceder a ella.

Maria Josep Ripoll ha puesto el foco en la situación concreta de Dénia y ha recordado que el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, una petición que el consistorio ya había reiterado anteriormente sin obtener respuesta favorable.

Ripoll ha destacado igualmente la nueva ordenanza municipal de viviendas de uso turístico, que establece límites diferentes en función de las características de cada zona de la ciudad. En los barrios de carácter más residencial, la normativa aprobada definitivamente en agosto limita la presencia de nuevas VUT a un máximo del 1%.

A estas medidas se suma la intención municipal de movilizar viviendas vacías mediante ayudas a la rehabilitación vinculadas al alquiler de larga duración. El Ayuntamiento viene trabajando en esta línea después de que un estudio de la Universidad de Alicante cifrara en alrededor de 5.000 las viviendas desocupadas existentes en el municipio.

Ripoll también ha señalado las posibilidades de crecimiento residencial previstas en el Plan General Estructural, especialmente en el ámbito de acceso al puerto y el sector Platja-Torrecremada, donde, según ha explicado, se reserva un 40% para vivienda protegida.

Frente a la construcción de vivienda protegida que posteriormente pueda incorporarse al mercado privado, los socialistas han defendido en la rueda de prensa un modelo basado en ampliar de forma permanente el parque público de alquiler asequible. En este contexto, Ripoll ha apuntado a las viviendas procedentes de la Sareb en Dénia como una de las vías para incrementar ese parque residencial público.

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