El vicealcalde de Dénia y concejal de Vivienda, Rafa Carrió, ha subrayado que el acceso a una vivienda digna se ha convertido “en el principal problema de la ciudad”, especialmente en un municipio turístico donde la presión del alquiler y la proliferación de viviendas vacías “agravan todavía más la situación”. Así lo ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy Dénia, donde ha defendido que el Ayuntamiento está actuando “con las competencias limitadas” que tiene, mientras reclama un mayor compromiso del Estado y la Generalitat para ampliar parque público y regular el mercado.
Carrió ha reiterado la necesidad de que la Generalitat declare Dénia como zona tensionada, lo que permitiría fijar precios máximos y actualizar contratos de forma regulada. “Sin esa declaración, cualquier ayuda al alquiler termina repercutiendo en el propietario si no se controla el precio”, ha afirmado.
El concejal ha recordado que Dénia cuenta con más de 5.000 viviendas vacías, según un estudio de la Universidad de Alicante, y ha defendido las nuevas ayudas municipales para rehabilitarlas y destinarlas al alquiler habitual. En esta primera convocatoria «piloto» se han presentado tres solicitudes, aunque el Ayuntamiento confía en que el número aumente con la ampliación del plazo y la mayor difusión.
Carrió también ha hecho referencia al papel de la Sareb, el conocido “banco malo”, que cuenta con unas 260 viviendas en Dénia. El consistorio espera que el Ministerio confirme cuántas podrán incorporarse al parque público municipal.
En cuanto a la suspensión de nuevas licencias turísticas en el casco urbano, el vicealcalde ha defendido la prórroga y el trabajo en una nueva ordenanza que limite plazas en función de la población: “Regular no es demonizar. Es garantizar equilibrio entre destino turístico y derecho a la vivienda”.
El responsable municipal ha insistido asimismo en que Dénia necesita un parque público de vivienda estable y duradero, evitando modelos que liberan las viviendas protegidas a los 15 años: “Si se liberalizan, volvemos al negocio de siempre. La vivienda debe ser un derecho, no solo una inversión”.
Finalmente, Carrió ha atribuido al cambio de modelo de la Generalitat —ahora gobernada por el PP— la retirada de la subvención de 9 millones destinada a la nueva residencia y centro de día, asegurando que el Ayuntamiento tenía un proyecto avanzado y alternativas viables: “Ha sido una decisión puramente política; la necesidad de una residencia pública sigue siendo urgente”.
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