El pleno extraordinario celebrado este jueves en Ondara dejó una fotografía poco habitual para un trámite económico aparentemente técnico: gobierno y oposición en posiciones irreconciliables, acusaciones cruzadas sobre falta de diálogo y, como principal consecuencia, la continuidad de las Escuelas Deportivas en el aire.
El punto central del debate era la modificación de créditos, una transferencia interna de 329.000 euros para adaptar el presupuesto prorrogado a las necesidades actuales del municipio. Entre las partidas previstas destacaba una subvención de 270.000 euros a la Asociación de Escuelas Deportivas, imprescindible para firmar el convenio anual y pagar a los monitores. Pero la propuesta solo obtuvo el voto favorable del PSPV, mientras que PP y Compromís votaron en contra.
El resultado dejó al gobierno local en una posición incómoda. Después de retirar en diciembre el proyecto de presupuestos de 2026 —al no incorporar las enmiendas de la oposición— el ejecutivo decidió prorrogar las cuentas de 2025. Esa prórroga, aunque legal, implica limitaciones y obliga a realizar transferencias para activar determinadas subvenciones. Ahí está el punto que ha hecho saltar las chispas: mientras el PSPV pide flexibilidad para “ajustar sobre la marcha”, PP y Compromís reclaman negociar unos presupuestos completos antes de cualquier modificación.
Desde las filas populares, su portavoz, Álex Hernández, defendió la votación contraria señalando que su partido “no está en contra del fondo, sino de las formas”. A su juicio, el gobierno conocía desde noviembre la necesidad de dotar económicamente a las escuelas deportivas, pero “prefirió prorrogar el presupuesto y ahora pretende resolverlo a contrarreloj”. Hernández insistió en que la solución pasa por “unas cuentas nuevas que garanticen continuidad y no parches temporales”.
Compromís se movió en la misma línea. Su portavoz, Lluís Fornés, califica la modificación como “un parche” y sostiene que su grupo no aprobará ninguna transferencia sin debatir previamente el presupuesto completo. Fornés fue especialmente crítico: acusó al gobierno de “mala gestión”, aseguró que la prórroga “bloquea subvenciones” y cuestionó la privatización del modelo deportivo municipal, un asunto que la coalición viene señalando desde hace meses.
La defensa la asumió el concejal de Hacienda, Jordi Ruiz (PSPV), quien intentó poner el foco en las consecuencias prácticas: “Tenemos los fondos y queremos pagar. Si no se aprueba, los monitores no cobrarán”, advirtió. Según Ruiz, la oposición está utilizando la modificación como palanca política y recordó que “la prórroga presupuestaria no afecta a la disponibilidad de dinero”, sino únicamente a la parte administrativa vinculada a convenios y subvenciones.
El alcalde, José Ramiro, cerró el debate visiblemente molesto por el bloqueo. “Sin transferencia no podemos firmar el convenio con las escuelas deportivas. Estamos en un limbo”, lamentó. No evitó señalar lo que considera “tacticismo político” de la oposición y se mostró dispuesto a explorar “todas las vías técnicas y administrativas” para garantizar el cobro de los monitores.
Más allá de los reproches, el pleno evidenció un contexto político complejo: un gobierno que ofrece “presupuestos negociados pero no impuestos” y dos grupos de oposición que, por ahora, no están dispuestos a mover ficha sin garantías de participar en su elaboración. El resultado es un escenario que deja a los servicios deportivos municipales sin una cobertura estable y a las familias pendientes de una solución.
El Ayuntamiento ha anunciado que en los próximos días convocará una comisión informativa para iniciar formalmente la negociación del presupuesto de 2026. Hasta entonces, la continuidad de las Escuelas Deportivas y el pago de sus monitores seguirán dependiendo de un acuerdo que, por ahora, parece lejos de cerrarse.
