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La flexibilización del Reglamento europeo de Control de la Pesca anunciada tras la reunión entre el Ministerio de Agricultura, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la Confederación Española de Pesca ha derivado en un enfrentamiento político en Dénia entre PSPV-PSOE y Partido Popular.

La concejala de Agricultura y Pesca, Sandra Gertrúdix (PSPV), emitió un comunicado en el que pone en cuestión la utilidad de la moción que el PP tiene previsto llevar al pleno del próximo 29 de enero. Según la edil, el objetivo de dicha moción “queda superado por los hechos” tras la desconvocatoria de la huelga y el acuerdo alcanzado a nivel estatal. Gertrúdix reprochó además a los populares “ansias de protagonizar titulares” y falta de coherencia al exigir al Gobierno de España firmeza ante una Comisión Europea presidida por el Partido Popular.

En su análisis, la edil socialista subrayó que el Reglamento (UE) 2023/2024 –en vigor desde el 10 de enero– no se adapta a las particularidades del Mediterráneo y puede comprometer el relevo generacional de la flota de bajura. No obstante, valoró que el Ministerio haya asumido compromisos concretos, como dejar sin efecto determinadas infracciones menores, reducir las exigencias de notificación y exceptuar a los barcos de flota local de los avisos previos de llegada a puerto.

Ante estas declaraciones, la portavoz del Partido Popular en Dénia, Pepa Font, en declaraciones exclusivas a Radio Dénia SER, ha defendido la moción de su grupo señalando que fue planteada antes de la convocatoria de la huelga y con el objetivo de trasladar las quejas del sector pesquero al Gobierno central.

“La moción recoge la voz de los pescadores que se quejan de esto. ¿Qué pretendemos? Que el Gobierno haga lo que ha hecho. Para nosotros la misión está cumplida” , afirmó Font, quien acusó al PSPV de no haber actuado en defensa del sector y reprochó a Gertrúdix que no se sumara a la iniciativa. Según la portavoz popular, “si no, el Gobierno de España no hubiera rectificado como ahora ha rectificado” .

El desencadenante del conflicto político es la aplicación del Reglamento (UE) 2023/2024 de Control de la Pesca, cuya entrada en vigor el 10 de enero motivó protestas en varios puertos españoles, entre ellos los de la Comunitat Valenciana, y llevó a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores a plantear una huelga en defensa del sector de bajura.

Tras la reunión del pasado lunes, el Ministerio se comprometió a introducir flexibilizaciones operativas mientras traslada a Bruselas la necesidad de adaptar el reglamento a las diferentes realidades pesqueras.

Ambas partes coinciden en la necesidad de adaptar la normativa europea a las singularidades del Mediterráneo y del modelo de flota local, pero discrepan sobre la estrategia política y la atribución de responsabilidades.

Gertrúdix advierte de que las medidas “serán insuficientes” mientras no haya cambios estructurales y recuerda que los próximos años serán “decisivos” para el futuro del sector. Font, por su parte, reivindica que el PP actuó en consonancia con las demandas de los pescadores y que el Gobierno “ha rectificado” a raíz de esa presión.

El debate se trasladará ahora al pleno municipal del 29 de enero, donde está previsto que se vote la moción registrada por el Partido Popular.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Dénia y comisionada de la Generalitat para el puerto, Pepa Font,en una entrevista concedida a Radio Dénia SER, ha trazado un diagnóstico crítico sobre la evolución de la ciudad y defendido la necesidad de redefinir la relación entre instituciones, el uso de la fachada marítima y las políticas de vivienda.

Font ha admitido que la relación histórica entre el Ayuntamiento y la Generalitat en materia portuaria “siempre es un poco complicada” debido a la importancia estratégica del puerto y a la limitación del espacio para compatibilizar usos urbanos y portuarios. Según ha explicado, su papel como comisionada es “limar asperezas” para que las decisiones se ajusten al interés de la ciudad y aseguró que esta legislatura podrá dejar resultados “tangibles” en la conexión entre Dénia y su frente marítimo.

La dirigente popular afirmó que existen “dos maneras diferentes de ver la ciudad” entre PP y PSPV, y citó como ejemplo la propuesta socialista de ubicar un instituto de FP en la fachada marítima, una medida que su formación rechaza por considerar que ese espacio debe destinarse a usos lúdicos, familiares y turísticos, al ser Dénia un destino donde el turismo es “la máxima potencia industrial” de la economía local.

Sobre la licitación de una zona de restauración en el extremo norte del puerto, Font ha restado importancia a la controversia generada y ha defendido que se trata de una actuación “muy limitada”, que permitirá ordenar un espacio degradado y mejorar accesos vinculados a proyectos estratégicos como la futura Ronda Norte. En su opinión, la concesión representa “una oportunidad” más que una amenaza para la fachada marítima .

En clave municipal, la portavoz popular ha sido contundente al asegurar que los casi once años de mandato del alcalde Vicent Grimalt (PSPV) han “empobrecido Dénia como ciudad, destino y capital comarcal”. Señaló tres ámbitos que, a su juicio, evidencian el desgaste del gobierno local: la movilidad, la falta de ejecución de proyectos estratégicos y los bloqueos administrativos en licencias de actividad, obra y primera ocupación.

Font ha recordado la pérdida de financiación europea para la construcción de una residencia de mayores con centro de día y del proyecto Bosque de Diana, y denunció los retrasos recurrentes en la aprobación de presupuestos municipales, lo que en su opinión deriva en obras sin ejecutar y en perjuicios para clubes deportivos y entidades que dependen de subvenciones para su funcionamiento.

Respecto a la vivienda, la dirigente popular reclama medidas fiscales que incentiven a propietarios a sacar inmuebles al mercado, pidió al Ayuntamiento adherirse al Plan Vive de la Generalitat y alertó de que la ley estatal de vivienda “desincentiva” el alquiler y reduce la oferta. Sobre los pisos turísticos, consideró adecuada la moratoria en el casco urbano, pero criticó su tardanza y exigió inspecciones para combatir la oferta ilegal.

En el ámbito turístico, Font ha reconocido que la estacionalidad y la presión de los meses de verano son comunes en destinos mediterráneos, pero ha reclamado más diversificación para no depender solo del sello gastronómico. Subrayó el potencial náutico y patrimonial de Dénia y planteó atraer teletrabajadores y actividad tecnológica para reequilibrar el modelo actual.

Finalmente, Font ha asegurado que el objetivo del Partido Popular es recuperar la alcaldía en 2027, tras haber pasado de tres a siete concejales en las últimas elecciones. Y no descartó pactos posteriores, aunque defendió que su intención es “gobernar y llevar adelante nuestro programa”.

La entrevista ha concluido con una reflexión sobre cómo cada decisión en vivienda, litoral o presupuestos termina definiendo qué ciudad será Dénia en el futuro y quién podrá permitirse vivir en ella, un debate que afecta a numerosos municipios mediterráneos sometidos a presión turística y residencial.

Reformes La Marina, firma de construcción afincada en Dénia desde hace más de diez años y dedicada a proyectos llave en mano en toda la comarca de la Marina Alta, defiende un modelo de trabajo basado en la proximidad, el trato personalizado y la gestión integral de obra. Así lo explicó Massi Natangeli, responsable de la empresa, durante una entrevista en la que desgranó el funcionamiento del sector de la reforma y las claves del acompañamiento al cliente.

Natangeli señaló que la actividad de la compañía abarca desde pequeñas intervenciones en estancias como baños y cocinas —que requieren mano de obra especializada— hasta reformas completas en viviendas antiguas que precisan una actualización integral para poder seguir siendo habitadas. En este sentido, subrayó la necesidad de distinguir entre una reforma parcial, que permite compatibilizar la obra con la vida diaria en la vivienda, y una integral, donde la intervención afecta a tabiques, enlucidos e instalaciones, lo que impide residir en el inmueble durante el proceso .

El representante de Reformes La Marina detalló también los pasos habituales en la planificación de una obra. El proceso arranca con una visita al inmueble para valorar sus características, condiciones de accesibilidad y posibles dificultades que el cliente no identifica a simple vista. A partir de esa inspección inicial, se elabora un presupuesto sin compromiso y se resuelven las dudas que surgen posteriormente. Asimismo, advirtió de que en actuaciones que afectan a elementos estructurales es necesario contar con un técnico competente, mientras que la empresa puede gestionar directamente pequeñas declaraciones responsables cuando se trata de renovaciones interiores sin afección a fachada o estructura.

Reformes La Marina se define como una empresa “cercana, económica y profesional”, con un enfoque de calidad y atención personalizada al cliente, rasgos que, según apuntó Natangeli, sostienen su trayectoria en la capital comarcal y su expansión en toda la Marina Alta.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector pesquero han acordado flexibilizar el reglamento de control de la pesca para facilitar su aplicación y asegurar un cumplimiento «eficaz y compatible» con la operatividad de la flota.

El Ministerio se ha reunido este lunes con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la patronal de los armadores Cepesca para analizar las dificultades planteadas por el sector en la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 2023/2024 que ha entrado en vigor el 10 de enero pasado y que ha llevado a protestas y paros en los puertos, entre otros, el de Santa Pola (Alicante). Y es que este lunes los cerca de 500 barcos de pesca de las cofradías de la Comunitat no han salido a faenar.

Según han informado en un comunicado conjunto al término de la reunión, las flexibilizaciones se refieren principalmente a la exigencia de la anotación de capturas y de la notificación previa.

Así, la Secretaria General de Pesca adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción.

En cuanto a la anotación de capturas por operación de pesca, el acuerdo ha concluido que se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque.

El sector también ha conseguido modificar la notificación previa de las 4 horas; de este modo, no será necesario avisar con 4 horas de antelación, para evitar esperas innecesarias.

Miguel Felipe Solbes, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Vila, tras la reunión en la secretaría general de Pesca, habla de importantes avances aunque con sensaciones agridulces por la cuestión no abordada de la seguridad.

También hacían valoraciones sobre este principio de acuerdo, Luis García, presidente de la Federación de Pescadores de la Provincia de Castellón, quien agradecía el trabajo del Ministerio.

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Compromís ha presentado en el Congreso un paquete de enmiendas a la reforma de la Ley de Costas con el objetivo de lograr deslindes “más justos”, reforzar la seguridad jurídica y reducir la afectación sobre vecinos y propietarios del litoral, especialmente en municipios como Dénia. La diputada en el Congreso, Águeda Micó, ha dado a conocer la iniciativa en rueda de prensa junto al portavoz municipal, Rafa Carrió, y miembros de la coalición, tras reunirse con asociaciones vecinales, afectados y distintos ayuntamientos.

Micó ha subrayado que “no se puede modificar la Ley de Costas sin tener en cuenta la situación climática actual ni la realidad de nuestros pueblos” y ha defendido la necesidad de un “litoral vivo” que combine protección ambiental y justicia social. En la misma línea, Carrió ha defendido que la reforma debe equilibrar la preservación del medio con los derechos de los propietarios, recordando que estos “no son responsables ni del cambio climático ni de las grandes obras públicas”, y reclamando proyectos de regeneración costera compatibles con el entorno, como los estudios sobre recuperación de sedimentos en la costa de Dénia.

Las enmiendas presentadas se centran en tres objetivos: reconocer los núcleos urbanos e históricos consolidados antes de los deslindes; situar la ciencia, la restauración ecológica y la responsabilidad institucional en el centro de la política costera; y garantizar la seguridad jurídica con participación directa de los ayuntamientos. Para ello, Compromís plantea diferenciar entre barrios marineros y poblados tradicionales con valor histórico, cultural o etnológico, y núcleos urbanos consolidados legalmente antes de la Ley de Costas de 1988, para evitar que se trate del mismo modo a edificaciones legales y anteriores al actual contexto climático.

Micó ha rechazado que “se meta a todos en el mismo saco” y ha criticado que el Gobierno central haya aplicado deslindes sin atender “la realidad social e histórica” de muchos territorios. Además, ha reclamado paralizar nuevos deslindes y desocupaciones hasta que los procesos sean participados por ayuntamientos y personas afectadas, y que los recursos económicos derivados se destinen a la protección y restauración del litoral.

Compromís enmarca estas propuestas en el contexto de la regresión y degradación de la costa mediterránea, documentada por diversos organismos científicos. Informes como el “Sixth Assessment Report” del IPCC (2023) y el informe de la Unión Europea sobre erosión costera (EU Coastal Erosion Report, 2020) alertan del retroceso de playas, la pérdida de sedimentos y el aumento de temporales que afectan directamente a municipios como Dénia y al resto del litoral valenciano.

En clave política, Micó ha criticado la posición de PP y Vox, a quienes acusa de impulsar “la especulación urbanística en el litoral valenciano”, recordando normativas autonómicas que permitieron urbanizar a distancias reducidas de la franja costera. Igualmente, ha mostrado desacuerdo con la postura del PSOE, al considerar que los deslindes promovidos por el Gobierno central “no han tenido en cuenta la situación concreta de muchas personas que siempre han cumplido la ley”.

Por último, la diputada ha denunciado la “contradicción” del Estado al exigir el retroceso de poblaciones costeras mientras impulsa infraestructuras como la ampliación del Puerto de València, reclamando criterios científicos y con participación social en cualquier actuación litoral.

Las enmiendas ya han sido registradas en el Congreso y el proceso parlamentario está en marcha. Compromís asegura estar abierta al diálogo y confía en alcanzar acuerdos en los próximos meses para avanzar hacia una política de costas “más justa, responsable y adaptada a la realidad del territorio”.

La Guardia Civil ha informado de la detención de tres personas y la investigación de otras seis en el marco del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, tras un conjunto de investigaciones realizadas entre junio y diciembre dirigidas a esclarecer delitos de sustracción de cableado y daños contra infraestructuras críticas en la comarca de la Marina Alta. Las actuaciones han sido desarrolladas por el Equipo ROCA de la Compañía de Calpe, unidad especializada en delincuencia contra el patrimonio en el ámbito rural.

La operación Cobrilo se activó tras una inspección realizada en Adsubia, donde los agentes localizaron cerca de 400 kilos de cobre ya cortados y preparados para su traslado, además de numerosos daños en vallados privados. Las vigilancias posteriores permitieron identificar a los autores y los vehículos utilizados, entre ellos una furgoneta de alquiler y un turismo que actuaba como vehículo lanzadera para detectar controles policiales.

Según fuentes del Instituto Armado, los implicados se desplazaban desde la provincia de Valencia y habrían sustraído cerca de 1.000 metros de tendido telefónico aéreo, ocasionando daños relevantes en propiedades privadas y en las comunicaciones. En diciembre fueron detenidos tres varones de entre 25 y 38 años en Sueca y Valencia, todos con antecedentes por hechos similares. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares.

En paralelo, la operación Phone25 se inició tras una inspección administrativa en un centro de recuperación de metales de Dénia, donde se intervinieron 2.500 kilos de cobre de telefonía. La investigación determinó que el material procedía de sustracciones cometidas en Benissa y Alfaz del Pi y que sus responsables pertenecían a una empresa dedicada a instalaciones de telecomunicaciones, cuyos operarios aprovechaban intervenciones para instalar fibra óptica y retirar las antiguas líneas telefónicas para venderlas en el circuito ilícito.

Como resultado, cinco trabajadores han sido investigados como presuntos autores de las sustracciones, mientras que el gerente del centro de reciclaje enfrenta cargos por receptación y falsedad documental, al haber falsificado datos de vendedores para evitar controles administrativos.

La Guardia Civil subraya que estas actuaciones han permitido neutralizar una actividad que afectaba gravemente a infraestructuras esenciales de comunicaciones, especialmente sensibles en pequeños municipios donde los cortes de telefonía fija generan situaciones de vulnerabilidad.

Según documentación del Ministerio del Interior, el Plan Nacional contra el Robo de Cobre se centra en proteger sectores críticos como telecomunicaciones, energía y transporte, debido a su impacto económico y social, y cuenta con la cooperación de unidades ROCA de la Guardia Civil, creadas en 2013 para combatir delitos en el ámbito rural y agropecuario (MIR, Estrategia 2024).

Entre 2022 y 2023, informes del sector telecomunicaciones ya advertían del incremento del robo de metales y su impacto en el mantenimiento de redes (COIT, Observatorio de Infraestructuras), lo que sitúa estas operaciones dentro de una preocupación creciente tanto para las administraciones como para el sector privado.

El Ayuntamiento de Xàbia ha puesto en marcha la campaña “Consumeix Xàbia, KmX”, una iniciativa para fomentar el consumo de productos locales y reforzar la agricultura y la pesca tradicional como ejes de identidad, sostenibilidad y economía del municipio. La propuesta llega en un contexto de incertidumbre internacional marcado por el aumento de aranceles y dificultades de importación, planteando el consumo de proximidad como una respuesta inteligente y sostenible.

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha señalado que apostar por el producto local “es un acto de responsabilidad con el territorio y con quienes lo cuidan cada día”. Bajo el lema “Arrels que alimenten. Consumeix Xàbia”, la campaña visibiliza el trabajo de agricultores y pescadores, y defiende que sin ellos “se pierde empleo, territorio y futuro”.

Entre las acciones previstas habrá difusión digital, identificativos en comercios, reparto de bolsas y actividades educativas en centros escolares. La campaña arrancará el 26 de enero y se prolongará hasta el 31 de marzo, con acciones de street marketing en distintos puntos del municipio.

El diputado autonómico y concejal del PSPV-PSOE en Xàbia, José Chulvi, ha calificado la situación política del municipio como “la peor crisis institucional en 30 años”, después de que la alcaldesa del Partido Popular, Rosa Cardona, haya perdido la mayoría en el pleno tras destituir al concejal de Vox por un caso de presunto acoso sexual. Chulvi sostiene que el gobierno local “ya demostraba carencias con 11 concejales” y que ahora, con 10, “será difícil sacar adelante un proyecto sin diálogo ni acuerdos” .

El dirigente socialista ha reprochado a la alcaldesa su gestión del caso que afectó al edil de Vox, asegurando que “actuó en interés propio” y mantuvo los hechos “silenciados” desde julio hasta diciembre. También cuestionó la retirada inmediata de delegaciones al concejal “sin información previa”, lo que a su juicio perjudicó “a la presunta víctima, al acusado y a la imagen del ayuntamiento”.

En clave programática, Chulvi situó el acceso a la vivienda como “el principal problema de la ciudadanía”, criticando que el nuevo equipo de gobierno haya sustituido los proyectos de alquiler social impulsados por el anterior ejecutivo por viviendas de protección oficial para la venta. Según defendió, los expertos coinciden en que “el alquiler social y asequible es la solución real para jóvenes y familias con dificultades”, frente a unos precios de VPO que, según afirmó, podrían superar los 3.000 euros el metro cuadrado en Xàbia, una cifra “inaccesible para muchos hogares” .

Respecto a los servicios públicos, el concejal socialista respaldó el modelo de gestión del agua a través de la empresa municipal, pero denunció “falta de control” sobre el contrato de recogida de residuos, lo que a su juicio explica que “el servicio no mejore pese a las subidas de tasas”. Además, reclamó “realismo fiscal” y supervisión estricta para que la tasa de basuras refleje “el coste real del servicio prestado, y no el contratado sobre el papel” .

Chulvi tampoco cerró la puerta a acuerdos con Ciudadanos por Xàbia, formación clave en la gobernabilidad municipal, aunque lamentó que “prefieran agotar la legislatura con un gobierno en minoría”. Para el portavoz socialista, la alternativa pasaría por un “gobierno de mayoría que dé estabilidad y garantías en la recta final del mandato”.

Las declaraciones del diputado se producen en un escenario marcado por la búsqueda de apoyos, tensiones internas y la redefinición de alianzas en el Ayuntamiento, con una oposición que reivindica su papel al recordar que el PSPV-PSOE fue “la fuerza más votada” y cuenta con nueve concejales.

Las praderas de Posidonia oceánica ubicadas frente al litoral de Dénia se encuentran, en su conjunto, en un estado de conservación muy favorable. Así lo recoge el informe correspondiente a 2025 elaborado por el Instituto de Ecología Litoral dentro del programa de seguimiento POSIMED, una iniciativa que cuenta con financiación de la Diputación Provincial de Alicante desde hace años y cuyos resultados son considerados criterios técnicos en la certificación de bandera azul.

Según los datos publicados, cinco de las seis estaciones de muestreo distribuidas en las costas dianenses alcanzan una clasificación “favorable”. Destacan especialmente la estación denominada “Dénia profunda”, con un Índice de Conservación (IC) de 1, y la playa de la Punta Negra, con un IC de 0,99. En ambos casos, los resultados se consideran propios de praderas en muy buen estado ecológico.

Entre los tramos mejor valorados también figuran Les Marines (IC: 0,91), Bovetes/Molins (IC: 0,95) y Marineta Cassiana (IC: 0,89), todos ellos con tendencia estable y sin signos reseñables de fragmentación o pérdida de cobertura vegetal.

La única excepción se encuentra en la playa de Punta del Raset, que obtiene un IC de 0,68 y una clasificación de “desfavorable–inadecuado”. Los técnicos atribuyen esta valoración a la presencia de un porcentaje elevado de mata muerta, indicador asociado a procesos de degradación. No obstante, el concejal de Playas, Pepe Doménech, subraya que el valor actual representa una mejora respecto a años anteriores, cuando el tramo era catalogado como “desfavorable–malo” al situarse por debajo de 0,6. Según el edil, esta evolución “puede indicar una posible recuperación de la pradera en Punta del Raset que se deberá investigar en los próximos años”.

El programa POSIMED se desarrolla desde 2001 y evalúa parámetros como la densidad de las praderas, su índice de fragmentación y el porcentaje de cobertura viva y muerta, criterios ampliamente utilizados por la comunidad científica y recogidos por organismos como el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Red de Seguimiento de Posidonia de la Generalitat Valenciana. La Posidonia oceánica es una especie protegida a nivel europeo bajo la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y considerada clave para la biodiversidad, la oxigenación del agua, la estabilización de sedimentos y la protección de las playas frente al oleaje.

Los resultados de 2025 confirman que el estado de las praderas en Dénia es, en términos generales, positivo, si bien los expertos recomiendan continuar con el seguimiento técnico para identificar tendencias, garantizar la preservación de la especie y reforzar las medidas de minimización de impactos en aquellas zonas con signos de estrés ecológico.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado al robo en viviendas y al tráfico de drogas en la Marina Alta y otras zonas limítrofes, en el marco de la operación denominada Chimpum25. La actuación se ha saldado con la detención de tres personas —dos hombres y una mujer de entre 39 y 44 años— a las que se les imputan nueve delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, uno contra la salud pública por tráfico de drogas y otro por pertenencia a organización criminal. Los dos varones han ingresado en prisión provisional.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado oficial, la investigación se inició el pasado mes de noviembre tras detectarse un incremento de robos con fuerza en viviendas situadas en zonas residenciales de Xàbia. Las primeras pesquisas permitieron constatar que este mismo patrón delictivo estaba produciéndose en otras localidades como Teulada-Moraira, Benissa y Cullera, siguiendo un modus operandi basado en el método del escalo o la fractura de puertas y ventanas, aprovechando la ausencia de los moradores.

Ante el aumento de casos y la alarma social generada, el Puesto Principal de Jávea desplegó un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre los sospechosos. La labor resultó compleja debido a las contravigilancias y al uso de vehículos de alquiler que los investigados cambiaban de forma frecuente, un comportamiento documentado en actuaciones similares en informes del Ministerio del Interior y de Europol en materia de delincuencia itinerante.

Una vez identificados los presuntos responsables, la Guardia Civil practicó la entrada y registro en dos domicilios vinculados con los detenidos, ambos en Benidorm. La operación contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad nº 3 de Valencia, el Grupo Cinológico de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Jávea.

Durante los registros se recuperaron objetos de valor procedentes de los robos —entre ellos joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y ropa de marca— además de herramientas utilizadas en la comisión de los ilícitos. También se intervino un arma de aire comprimido y una notable cantidad de sustancias estupefacientes: 88 gramos de cocaína, 48 gramos de “cocaína rosa”, 11 pastillas y 5 gramos de anfetamina, 20 gramos de heroína y 6 gramos de metanfetamina. Los datos de incautación coinciden con la clasificación del Sistema Español de Alerta Temprana en Drogas dependiente del Plan Nacional sobre Drogas, que describe la presencia de estas sustancias en contextos delictivos asociados a tráfico minorista.

Según la Guardia Civil, la operación ha permitido esclarecer nueve robos con fuerza cometidos en Jávea, Benissa, Teulada-Moraira, Cullera y Tibi. Parte del material sustraído ya ha sido entregado a sus propietarios, devolviendo tranquilidad a los vecinos afectados.