El Ayuntamiento de Calp eleva la presión sobre Acciona Servicios Urbanos ante los problemas en la recogida de residuos durante la huelga indefinida de la plantilla. El consistorio ha remitido un requerimiento formal a la concesionaria después de que un informe del responsable municipal del contrato haya detectado incumplimientos en la ejecución de los servicios esenciales mínimos.
El Ayuntamiento exige a la empresa que adopte de manera inmediata las medidas organizativas, de dirección, control y materiales necesarias para garantizar que esos servicios mínimos se cumplen de forma efectiva y completa.
El requerimiento pone especialmente el foco en las rutas de recogida de la fracción resto y orgánica, así como en la retirada de los residuos acumulados alrededor de los contenedores.
El informe municipal introduce además una precisión importante: que los trabajadores acudan a su puesto o que un camión salga a realizar una ruta no significa, por sí solo, que el servicio mínimo se haya cumplido. Para considerarlo ejecutado, la prestación deberá completarse materialmente.
El Ayuntamiento da un plazo máximo de 24 horas a Acciona para presentar un informe documentado de los servicios mínimos realizados desde que comenzó la huelga.
La concesionaria deberá identificar las rutas que no se hayan completado y explicar los motivos, señalar los sectores o puntos que hayan quedado pendientes y facilitar los horarios efectivos, los medios empleados, los registros GPS disponibles, los partes de trabajo y los tiempos reales de actividad.
También deberá garantizar permanentemente la disponibilidad de la maquinaria necesaria. Ante una avería, acto vandálico o cualquier otra incidencia, el consistorio exige su reparación o sustitución inmediata para evitar que afecte al servicio.
Además, Acciona tendrá que regularizar la información que debe remitir al Ayuntamiento desde el inicio de la huelga y presentar, a partir de ahora, un informe diario con los servicios previstos y realizados, las rutas y su grado de ejecución, el personal y los medios empleados, las cantidades de residuos recogidas y las incidencias registradas.
El Ayuntamiento advierte de las consecuencias económicas que pueden derivarse de los incumplimientos. Los servicios no prestados o realizados de manera deficiente podrán dar lugar a las correspondientes deducciones económicas y, en su caso, a penalidades previstas en el contrato.
Estas penalidades pueden alcanzar los 50.000 euros en las infracciones muy graves, los 15.000 euros en las graves y los 6.000 euros en las leves.
El consistorio también intensificará la inspección del servicio para dejar constancia de la situación sobre el terreno mediante informes, fotografías y otros medios disponibles. El objetivo es documentar las rutas incompletas, los contenedores desbordados, los residuos acumulados en sus alrededores o las posibles incidencias con la maquinaria.
El requerimiento supone así un nuevo paso del consistorio en plena huelga de la recogida de residuos: exige a la concesionaria que garantice los servicios mínimos, refuerza el control sobre su cumplimiento y deja abierta la posibilidad de aplicar penalizaciones económicas si se acreditan incumplimientos.
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