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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector pesquero han acordado flexibilizar el reglamento de control de la pesca para facilitar su aplicación y asegurar un cumplimiento «eficaz y compatible» con la operatividad de la flota.

El Ministerio se ha reunido este lunes con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la patronal de los armadores Cepesca para analizar las dificultades planteadas por el sector en la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 2023/2024 que ha entrado en vigor el 10 de enero pasado y que ha llevado a protestas y paros en los puertos, entre otros, el de Santa Pola (Alicante). Y es que este lunes los cerca de 500 barcos de pesca de las cofradías de la Comunitat no han salido a faenar.

Según han informado en un comunicado conjunto al término de la reunión, las flexibilizaciones se refieren principalmente a la exigencia de la anotación de capturas y de la notificación previa.

Así, la Secretaria General de Pesca adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción.

En cuanto a la anotación de capturas por operación de pesca, el acuerdo ha concluido que se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día, antes de la entrada a puerto o en el lugar del desembarque.

El sector también ha conseguido modificar la notificación previa de las 4 horas; de este modo, no será necesario avisar con 4 horas de antelación, para evitar esperas innecesarias.

Miguel Felipe Solbes, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Vila, tras la reunión en la secretaría general de Pesca, habla de importantes avances aunque con sensaciones agridulces por la cuestión no abordada de la seguridad.

También hacían valoraciones sobre este principio de acuerdo, Luis García, presidente de la Federación de Pescadores de la Provincia de Castellón, quien agradecía el trabajo del Ministerio.

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Compromís ha presentado en el Congreso un paquete de enmiendas a la reforma de la Ley de Costas con el objetivo de lograr deslindes “más justos”, reforzar la seguridad jurídica y reducir la afectación sobre vecinos y propietarios del litoral, especialmente en municipios como Dénia. La diputada en el Congreso, Águeda Micó, ha dado a conocer la iniciativa en rueda de prensa junto al portavoz municipal, Rafa Carrió, y miembros de la coalición, tras reunirse con asociaciones vecinales, afectados y distintos ayuntamientos.

Micó ha subrayado que “no se puede modificar la Ley de Costas sin tener en cuenta la situación climática actual ni la realidad de nuestros pueblos” y ha defendido la necesidad de un “litoral vivo” que combine protección ambiental y justicia social. En la misma línea, Carrió ha defendido que la reforma debe equilibrar la preservación del medio con los derechos de los propietarios, recordando que estos “no son responsables ni del cambio climático ni de las grandes obras públicas”, y reclamando proyectos de regeneración costera compatibles con el entorno, como los estudios sobre recuperación de sedimentos en la costa de Dénia.

Las enmiendas presentadas se centran en tres objetivos: reconocer los núcleos urbanos e históricos consolidados antes de los deslindes; situar la ciencia, la restauración ecológica y la responsabilidad institucional en el centro de la política costera; y garantizar la seguridad jurídica con participación directa de los ayuntamientos. Para ello, Compromís plantea diferenciar entre barrios marineros y poblados tradicionales con valor histórico, cultural o etnológico, y núcleos urbanos consolidados legalmente antes de la Ley de Costas de 1988, para evitar que se trate del mismo modo a edificaciones legales y anteriores al actual contexto climático.

Micó ha rechazado que “se meta a todos en el mismo saco” y ha criticado que el Gobierno central haya aplicado deslindes sin atender “la realidad social e histórica” de muchos territorios. Además, ha reclamado paralizar nuevos deslindes y desocupaciones hasta que los procesos sean participados por ayuntamientos y personas afectadas, y que los recursos económicos derivados se destinen a la protección y restauración del litoral.

Compromís enmarca estas propuestas en el contexto de la regresión y degradación de la costa mediterránea, documentada por diversos organismos científicos. Informes como el “Sixth Assessment Report” del IPCC (2023) y el informe de la Unión Europea sobre erosión costera (EU Coastal Erosion Report, 2020) alertan del retroceso de playas, la pérdida de sedimentos y el aumento de temporales que afectan directamente a municipios como Dénia y al resto del litoral valenciano.

En clave política, Micó ha criticado la posición de PP y Vox, a quienes acusa de impulsar “la especulación urbanística en el litoral valenciano”, recordando normativas autonómicas que permitieron urbanizar a distancias reducidas de la franja costera. Igualmente, ha mostrado desacuerdo con la postura del PSOE, al considerar que los deslindes promovidos por el Gobierno central “no han tenido en cuenta la situación concreta de muchas personas que siempre han cumplido la ley”.

Por último, la diputada ha denunciado la “contradicción” del Estado al exigir el retroceso de poblaciones costeras mientras impulsa infraestructuras como la ampliación del Puerto de València, reclamando criterios científicos y con participación social en cualquier actuación litoral.

Las enmiendas ya han sido registradas en el Congreso y el proceso parlamentario está en marcha. Compromís asegura estar abierta al diálogo y confía en alcanzar acuerdos en los próximos meses para avanzar hacia una política de costas “más justa, responsable y adaptada a la realidad del territorio”.

La Guardia Civil ha informado de la detención de tres personas y la investigación de otras seis en el marco del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, tras un conjunto de investigaciones realizadas entre junio y diciembre dirigidas a esclarecer delitos de sustracción de cableado y daños contra infraestructuras críticas en la comarca de la Marina Alta. Las actuaciones han sido desarrolladas por el Equipo ROCA de la Compañía de Calpe, unidad especializada en delincuencia contra el patrimonio en el ámbito rural.

La operación Cobrilo se activó tras una inspección realizada en Adsubia, donde los agentes localizaron cerca de 400 kilos de cobre ya cortados y preparados para su traslado, además de numerosos daños en vallados privados. Las vigilancias posteriores permitieron identificar a los autores y los vehículos utilizados, entre ellos una furgoneta de alquiler y un turismo que actuaba como vehículo lanzadera para detectar controles policiales.

Según fuentes del Instituto Armado, los implicados se desplazaban desde la provincia de Valencia y habrían sustraído cerca de 1.000 metros de tendido telefónico aéreo, ocasionando daños relevantes en propiedades privadas y en las comunicaciones. En diciembre fueron detenidos tres varones de entre 25 y 38 años en Sueca y Valencia, todos con antecedentes por hechos similares. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares.

En paralelo, la operación Phone25 se inició tras una inspección administrativa en un centro de recuperación de metales de Dénia, donde se intervinieron 2.500 kilos de cobre de telefonía. La investigación determinó que el material procedía de sustracciones cometidas en Benissa y Alfaz del Pi y que sus responsables pertenecían a una empresa dedicada a instalaciones de telecomunicaciones, cuyos operarios aprovechaban intervenciones para instalar fibra óptica y retirar las antiguas líneas telefónicas para venderlas en el circuito ilícito.

Como resultado, cinco trabajadores han sido investigados como presuntos autores de las sustracciones, mientras que el gerente del centro de reciclaje enfrenta cargos por receptación y falsedad documental, al haber falsificado datos de vendedores para evitar controles administrativos.

La Guardia Civil subraya que estas actuaciones han permitido neutralizar una actividad que afectaba gravemente a infraestructuras esenciales de comunicaciones, especialmente sensibles en pequeños municipios donde los cortes de telefonía fija generan situaciones de vulnerabilidad.

Según documentación del Ministerio del Interior, el Plan Nacional contra el Robo de Cobre se centra en proteger sectores críticos como telecomunicaciones, energía y transporte, debido a su impacto económico y social, y cuenta con la cooperación de unidades ROCA de la Guardia Civil, creadas en 2013 para combatir delitos en el ámbito rural y agropecuario (MIR, Estrategia 2024).

Entre 2022 y 2023, informes del sector telecomunicaciones ya advertían del incremento del robo de metales y su impacto en el mantenimiento de redes (COIT, Observatorio de Infraestructuras), lo que sitúa estas operaciones dentro de una preocupación creciente tanto para las administraciones como para el sector privado.

El Ayuntamiento de Xàbia ha puesto en marcha la campaña “Consumeix Xàbia, KmX”, una iniciativa para fomentar el consumo de productos locales y reforzar la agricultura y la pesca tradicional como ejes de identidad, sostenibilidad y economía del municipio. La propuesta llega en un contexto de incertidumbre internacional marcado por el aumento de aranceles y dificultades de importación, planteando el consumo de proximidad como una respuesta inteligente y sostenible.

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha señalado que apostar por el producto local “es un acto de responsabilidad con el territorio y con quienes lo cuidan cada día”. Bajo el lema “Arrels que alimenten. Consumeix Xàbia”, la campaña visibiliza el trabajo de agricultores y pescadores, y defiende que sin ellos “se pierde empleo, territorio y futuro”.

Entre las acciones previstas habrá difusión digital, identificativos en comercios, reparto de bolsas y actividades educativas en centros escolares. La campaña arrancará el 26 de enero y se prolongará hasta el 31 de marzo, con acciones de street marketing en distintos puntos del municipio.

El diputado autonómico y concejal del PSPV-PSOE en Xàbia, José Chulvi, ha calificado la situación política del municipio como “la peor crisis institucional en 30 años”, después de que la alcaldesa del Partido Popular, Rosa Cardona, haya perdido la mayoría en el pleno tras destituir al concejal de Vox por un caso de presunto acoso sexual. Chulvi sostiene que el gobierno local “ya demostraba carencias con 11 concejales” y que ahora, con 10, “será difícil sacar adelante un proyecto sin diálogo ni acuerdos” .

El dirigente socialista ha reprochado a la alcaldesa su gestión del caso que afectó al edil de Vox, asegurando que “actuó en interés propio” y mantuvo los hechos “silenciados” desde julio hasta diciembre. También cuestionó la retirada inmediata de delegaciones al concejal “sin información previa”, lo que a su juicio perjudicó “a la presunta víctima, al acusado y a la imagen del ayuntamiento”.

En clave programática, Chulvi situó el acceso a la vivienda como “el principal problema de la ciudadanía”, criticando que el nuevo equipo de gobierno haya sustituido los proyectos de alquiler social impulsados por el anterior ejecutivo por viviendas de protección oficial para la venta. Según defendió, los expertos coinciden en que “el alquiler social y asequible es la solución real para jóvenes y familias con dificultades”, frente a unos precios de VPO que, según afirmó, podrían superar los 3.000 euros el metro cuadrado en Xàbia, una cifra “inaccesible para muchos hogares” .

Respecto a los servicios públicos, el concejal socialista respaldó el modelo de gestión del agua a través de la empresa municipal, pero denunció “falta de control” sobre el contrato de recogida de residuos, lo que a su juicio explica que “el servicio no mejore pese a las subidas de tasas”. Además, reclamó “realismo fiscal” y supervisión estricta para que la tasa de basuras refleje “el coste real del servicio prestado, y no el contratado sobre el papel” .

Chulvi tampoco cerró la puerta a acuerdos con Ciudadanos por Xàbia, formación clave en la gobernabilidad municipal, aunque lamentó que “prefieran agotar la legislatura con un gobierno en minoría”. Para el portavoz socialista, la alternativa pasaría por un “gobierno de mayoría que dé estabilidad y garantías en la recta final del mandato”.

Las declaraciones del diputado se producen en un escenario marcado por la búsqueda de apoyos, tensiones internas y la redefinición de alianzas en el Ayuntamiento, con una oposición que reivindica su papel al recordar que el PSPV-PSOE fue “la fuerza más votada” y cuenta con nueve concejales.

Las praderas de Posidonia oceánica ubicadas frente al litoral de Dénia se encuentran, en su conjunto, en un estado de conservación muy favorable. Así lo recoge el informe correspondiente a 2025 elaborado por el Instituto de Ecología Litoral dentro del programa de seguimiento POSIMED, una iniciativa que cuenta con financiación de la Diputación Provincial de Alicante desde hace años y cuyos resultados son considerados criterios técnicos en la certificación de bandera azul.

Según los datos publicados, cinco de las seis estaciones de muestreo distribuidas en las costas dianenses alcanzan una clasificación “favorable”. Destacan especialmente la estación denominada “Dénia profunda”, con un Índice de Conservación (IC) de 1, y la playa de la Punta Negra, con un IC de 0,99. En ambos casos, los resultados se consideran propios de praderas en muy buen estado ecológico.

Entre los tramos mejor valorados también figuran Les Marines (IC: 0,91), Bovetes/Molins (IC: 0,95) y Marineta Cassiana (IC: 0,89), todos ellos con tendencia estable y sin signos reseñables de fragmentación o pérdida de cobertura vegetal.

La única excepción se encuentra en la playa de Punta del Raset, que obtiene un IC de 0,68 y una clasificación de “desfavorable–inadecuado”. Los técnicos atribuyen esta valoración a la presencia de un porcentaje elevado de mata muerta, indicador asociado a procesos de degradación. No obstante, el concejal de Playas, Pepe Doménech, subraya que el valor actual representa una mejora respecto a años anteriores, cuando el tramo era catalogado como “desfavorable–malo” al situarse por debajo de 0,6. Según el edil, esta evolución “puede indicar una posible recuperación de la pradera en Punta del Raset que se deberá investigar en los próximos años”.

El programa POSIMED se desarrolla desde 2001 y evalúa parámetros como la densidad de las praderas, su índice de fragmentación y el porcentaje de cobertura viva y muerta, criterios ampliamente utilizados por la comunidad científica y recogidos por organismos como el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Red de Seguimiento de Posidonia de la Generalitat Valenciana. La Posidonia oceánica es una especie protegida a nivel europeo bajo la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y considerada clave para la biodiversidad, la oxigenación del agua, la estabilización de sedimentos y la protección de las playas frente al oleaje.

Los resultados de 2025 confirman que el estado de las praderas en Dénia es, en términos generales, positivo, si bien los expertos recomiendan continuar con el seguimiento técnico para identificar tendencias, garantizar la preservación de la especie y reforzar las medidas de minimización de impactos en aquellas zonas con signos de estrés ecológico.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado al robo en viviendas y al tráfico de drogas en la Marina Alta y otras zonas limítrofes, en el marco de la operación denominada Chimpum25. La actuación se ha saldado con la detención de tres personas —dos hombres y una mujer de entre 39 y 44 años— a las que se les imputan nueve delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, uno contra la salud pública por tráfico de drogas y otro por pertenencia a organización criminal. Los dos varones han ingresado en prisión provisional.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado oficial, la investigación se inició el pasado mes de noviembre tras detectarse un incremento de robos con fuerza en viviendas situadas en zonas residenciales de Xàbia. Las primeras pesquisas permitieron constatar que este mismo patrón delictivo estaba produciéndose en otras localidades como Teulada-Moraira, Benissa y Cullera, siguiendo un modus operandi basado en el método del escalo o la fractura de puertas y ventanas, aprovechando la ausencia de los moradores.

Ante el aumento de casos y la alarma social generada, el Puesto Principal de Jávea desplegó un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre los sospechosos. La labor resultó compleja debido a las contravigilancias y al uso de vehículos de alquiler que los investigados cambiaban de forma frecuente, un comportamiento documentado en actuaciones similares en informes del Ministerio del Interior y de Europol en materia de delincuencia itinerante.

Una vez identificados los presuntos responsables, la Guardia Civil practicó la entrada y registro en dos domicilios vinculados con los detenidos, ambos en Benidorm. La operación contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad nº 3 de Valencia, el Grupo Cinológico de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Jávea.

Durante los registros se recuperaron objetos de valor procedentes de los robos —entre ellos joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y ropa de marca— además de herramientas utilizadas en la comisión de los ilícitos. También se intervino un arma de aire comprimido y una notable cantidad de sustancias estupefacientes: 88 gramos de cocaína, 48 gramos de “cocaína rosa”, 11 pastillas y 5 gramos de anfetamina, 20 gramos de heroína y 6 gramos de metanfetamina. Los datos de incautación coinciden con la clasificación del Sistema Español de Alerta Temprana en Drogas dependiente del Plan Nacional sobre Drogas, que describe la presencia de estas sustancias en contextos delictivos asociados a tráfico minorista.

Según la Guardia Civil, la operación ha permitido esclarecer nueve robos con fuerza cometidos en Jávea, Benissa, Teulada-Moraira, Cullera y Tibi. Parte del material sustraído ya ha sido entregado a sus propietarios, devolviendo tranquilidad a los vecinos afectados.

El Partido Popular de Dénia ha criticado la presentación de la nueva Oficina Municipal de Tributos por parte del gobierno local, formado por PSOE y Compromís, al considerar que responde más a “una estrategia propagandística” que a una mejora efectiva del servicio público. La apertura de esta oficina se anunció como un ahorro de 300.000 euros anuales para las arcas municipales al asumir la gestión del impuesto de vehículos y la tasa de basura, tareas que hasta ahora realizaba SUMA Gestión Tributaria, organismo dependiente de la Diputación de Alicante.

Sin embargo, el PP sostiene que este argumento omite elementos esenciales que alteran la versión oficial. Según los populares, la remodelación del local ha supuesto un coste de cerca de 300.000 euros y el mantenimiento anual —personal, suministros, sistemas informáticos y servicios asociados— superará esa misma cifra, “diluyendo completamente el supuesto ahorro” .

El concejal popular José Antonio Cristóbal ha acusado al Ejecutivo municipal de “duplicar servicios para justificar más personal y más gasto”, defendiendo que SUMA presta este servicio “con eficacia y sin cargar más peso sobre el Ayuntamiento”. Además, ha cuestionado el relato del gobierno local sobre la gestión económica y la reducción de la deuda, señalando que parte del endeudamiento proviene de “sentencias urbanísticas gestadas en etapas anteriores de gobierno socialista” .

Por su parte, la presidenta del PP de Dénia, Pepa Font, ha reclamado “transparencia real y rigor económico”, recordando que la finalidad de un Ayuntamiento “no es ahorrar por ahorrar, sino invertir en servicios públicos e infraestructuras que mejoren la ciudad”. Font reprocha al gobierno municipal que convierta la gestión pública “en un escaparate electoral” y lamenta que la ciudadanía “no esté recibiendo la imagen completa de las cifras y decisiones que se están tomando” .

La apertura de la nueva Oficina Municipal de Tributos se produce en un contexto de reorganización administrativa y debate sobre el modelo de gestión tributaria, mientras la oposición reclama una evaluación más amplia del impacto económico y de la eficiencia del servicio.

Las embarcaciones de pesca de la Marina Alta permanecerán amarradas a puerto el próximo lunes, 19 de enero, en el marco del parón convocado a nivel estatal por el sector. Las cofradías de Dénia, Xàbia y Calp han confirmado su adhesión a esta protesta, en rechazo al nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, en vigor desde el pasado 10 de enero.

La jornada coincide con la reunión prevista en Madrid entre la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, a partir de las cuatro de la tarde. Sobre la mesa, las propuestas del sector ante una normativa que consideran de difícil aplicación, especialmente para la flota de bajura.

El reglamento exige pesar la captura a bordo, clasificar por especies y notificar con cuatro horas de antelación su llegada a puerto en buques de más de doce metros. Los pescadores advierten de que estas obligaciones incrementan la carga operativa y administrativa sin tener en cuenta las características de este tipo de embarcaciones.

Desde Calp, una delegación prevé desplazarse a Madrid para apoyar la protesta. En Xàbia, no se descarta la colocación de pancartas reivindicativas en la cofradía durante la jornada.

Mientras, las cofradías esperan que la reunión sirva para abrir una negociación que permita adaptar la normativa y garantizar la continuidad de la actividad pesquera artesanal en el litoral mediterráneo.

El joven ciclista Marc Moncho Signes, natural de Gata de Gorgos, ha sido convocado por la selección española para disputar la Copa Mundial CX Benidorm Costa Blanca – UCI, una de las últimas citas del calendario internacional de ciclocross. La competición tendrá lugar este fin de semana en el parque de Foietes de Benidorm y reunirá a buena parte de la élite mundial.

Moncho participará en la categoría juvenil masculina, cuya salida está prevista para el domingo 18 de enero a las 09:30 horas. Su llamada llega tras los buenos resultados obtenidos recientemente en el Campeonato de España de Ciclocross, criterio habitual utilizado por la Real Federación Española de Ciclismo a la hora de configurar las selecciones juveniles para estas pruebas internacionales.

La Copa del Mundo de Ciclocross es un torneo oficial organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se desarrolla en diferentes pruebas a lo largo de Europa y sirve como referencia competitiva de primer nivel previo al Campeonato del Mundo. En Benidorm competirán también las categorías élite femenina y masculina, con presencia de destacados nombres del ciclismo internacional. Estas mangas élite serán retransmitidas por Eurosport, cadena que emite habitualmente las rondas de la Copa del Mundo UCI de ciclocross.

La cita reforzará un año más la presencia de Benidorm y de la Costa Blanca en el calendario internacional, tras el retorno de esta disciplina a territorio español.