Valencia
Las comunidades autónomas mediterráneas (Comunitat Valenciana, Andalucía, Islas Baleares, Cataluña y Región de Murcia) han exhibido este miércoles unidad de acción junto al Gobierno central para defender a la pesca de arrastre tras el recorte del 79 % de días de faena aprobado por la Unión Europea.
Tras mantener un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, todos los consejeros han coincidido en la necesidad de ponerse a trabajar en coordinación con el Gobierno y con el sector para revertir ese reglamento comunitario y sus consecuencias para la economía de los pescadores afectados.
En concreto, el ministro ha anunciado un acuerdo con estas comunidades autónomas sobre el cambio obligatorio de redes, entre otras medidas, para mantener los días en el mar de la flota de arrastre en 2025; así como defender también un cambio normativo a nivel europeo para que entre un año y otro no se modifiquen las cuotas o posibilidades pesqueras más de un 20 %.
La valoración de las autonomías
El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ve «absolutamente injusto» el reglamento europeo pero ha trasladado un mensaje «unánime de esperanza» a los pescadores del Mediterráneo con el deseo de que se revierta la situación.
«Estamos junto a ellos porque han padecido una enorme injusticia y la forma de resarcirlos es desde la unidad», ha indicado este consejero para quien el reglamento comunitario aprobado «condena» a los consumidores españoles a comprar pescado de «otros países» extracomunitarios.
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Ha reclamado «inmediatez, ciencia en los datos y ayudas» para «resarcir» a los pescadores ante un reglamento basado en «decisiones políticas».
Desde Andalucía, su consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado las medidas anunciadas por el ministro y que se cree una «hoja de ruta» en la que pondrán «lo mejor» para «recuperar los días de pesca» perdidos.
Es necesario «no sólo por el interés económico de las familias» pescadoras, sino también «porque la realidad biológica del Mediterráneo difiere mucho de los informes -europeos- que han sustentado esta decisión».
No obstante, ha pedido una mayor asignación de fondos Fempa procedente de partidas no ejecutadas; estudiar la compensación a pescadores que, una vez acabada su campaña, muestren que han tenido pérdidas por las medidas comunitarias; o impulsar un plan de renovación de la flota.
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Gobierno de las Islas Baleares, Joan Simonet, ha manifestado que el Ministerio tendrá «todo» el apoyo de su región para intentar que la UE modifique este reglamento de pesca.
Bajo su punto de vista, es necesario que Bruselas vea unión entre el sector y las distintas administraciones españolas tras asegurar que las medidas aprobadas sobre la pesca de arrastre del Mediterráneo son «totalmente absurdas».
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha manifestado la necesidad de ir «todos a una» para que 2025 sea el año que marque un «punto de inflexión» en el que se abra «una nueva etapa» para los arrastreros.
Según su criterio, esta pesca tiene «futuro», pero ve relevante que la UE se base en datos científicos a la hora de elaborar sus reglamentos porque «algunas especies se han recuperado sobradamente y eso no se refleja» en la normativa actual.
El consejero catalán ha agradecido la cordialidad del encuentro y ha apoyado las medidas anunciadas por el ministro, como las referentes a la financiación, que comparte «al 100 %».
La consejera murciana de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, cree conveniente cambiar la norma europea para «evitar el fuerte impacto que sufre el sector» y, para eso, es «muy importante» que se actualice la situación de los caladeros por regiones porque «han mejorado» respecto a la información presentada ante Bruselas, que data de «2019».
La normativa actual perjudica «gravemente» a los pescadores por lo que hay que tomar las medidas «necesarias» para «no reducir ni un sólo día de faena», según ha expresado.
Rubira es partidaria, por ejemplo, de destinar ayudas por pérdida de rentabilidad y competitividad en los pescadores.
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