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La «V Trobada Àgora», celebrada en Barcelona del 19 al 21 de noviembre, confirmó que la tasa de basuras se ha convertido en uno de los principales retos para los organismos provinciales y las agencias municipales de gestión tributaria. El encuentro, organizado por el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona junto a la FEMP y la Diputación de Badajoz, reunió a más de 250 técnicos y medio centenar de responsables locales, entre ellos el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús Peris.

Aunque el foro se estructuró en cuatro mesas temáticas, la aplicación de la tasa de residuos centró buena parte de las intervenciones. La Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a cobrar una tasa que cubra todos los costes del servicio, pero la falta de una metodología clara ha derivado en una gran disparidad entre municipios. Esta situación ha generado miles de recursos contra las tarifas locales, a menudo promovidos por asociaciones de consumidores.

Los organismos participantes coincidieron en la necesidad de revisar los sistemas actuales, basados en criterios como el valor catastral, el número de habitantes o el consumo de agua, que no reflejan con precisión la generación real de residuos. También defendieron avanzar hacia modelos de pago por generación, una opción prevista por la ley pero que requiere herramientas tecnológicas y administrativas aún poco extendidas. Pedreguer ya trabaja en esta línea, tras aprobar una bonificación por reciclaje y estudiar cambios en su ordenanza.

Desde su creación en 2016, Àgora se ha consolidado como un espacio de referencia para la mejora de la gestión tributaria local. Tras pasar por Zafra, Cádiz, Lanzarote y Alicante, la edición de Barcelona reafirma un proyecto que busca unificar criterios, impulsar la interoperabilidad tecnológica y promover buenas prácticas que refuercen la calidad del servicio público.

El pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Ondara modificó su orden del día y no abordó finalmente la aprobación provisional del Presupuesto General de 2026, sus bases de ejecución y la plantilla de personal. La Alcaldía ordenó la retirada del punto mediante decreto, después de que los grupos municipales del Partido Popular y Compromís por Ondara presentaran enmiendas que introducían cambios significativos en la distribución de créditos planteada por el equipo de gobierno.

Según la resolución de Alcaldía, la retirada del expediente tiene como objetivo replantear el proyecto presupuestario y valorar su revisión para presentar una nueva propuesta en una sesión posterior. Esta posibilidad está prevista en la legislación de régimen local (Ley 7/1985 y Real Decreto 500/1990), que ampara la devolución del presupuesto para reformulación cuando se detectan modificaciones sustanciales.

Pese a esta modificación del orden del día, el resto de puntos previstos se trataron con normalidad y fueron aprobados por unanimidad o mayoría.

El pleno aprobó por unanimidad —PSPV, PP y Compromís— la nueva Ordenanza Municipal para erradicar la prostitución y el tráfico con fines de explotación sexual, una norma de carácter abolicionista destinada a sancionar conductas que fomenten la demanda e implantar medidas preventivas y sociales.

El texto se alinea con los principios recogidos en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que insta a las administraciones locales a actuar contra toda forma de explotación sexual, y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala la competencia municipal para regular el uso del espacio público con fines de protección social.

El Ayuntamiento destacó que la ordenanza incluirá campañas de sensibilización, apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad y sanciones administrativas para quienes promuevan la compra de servicios sexuales. Con esta aprobación, Ondara avanza en su objetivo de consolidarse como un municipio libre de trata y explotación sexual.

También por unanimidad, el pleno dio luz verde a la modificación del Reglamento de Régimen Interno de la Escoleta Infantil Municipal, con el fin de adaptarlo a la normativa vigente y a la nueva autorización de aulas emitida por la Conselleria de Educación (Decreto 2/2021 sobre ordenación de la educación infantil).

La concejala de Educación, Rosana Marí, subrayó que la actualización permitirá reducir las listas de espera y garantizar un servicio educativo inclusivo y de calidad: “Queremos dar respuesta a la demanda real y facilitar la conciliación de las familias”.

El pleno aprobó el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos con los votos favorables del PSPV y las abstenciones de PP y Compromís. El portavoz popular, Álex Hernández, justificó la abstención al tratarse de facturas inferiores a 600 euros, un supuesto habitual recogido en el artículo 60 del Real Decreto 500/1990 para validar gastos realizados sin la tramitación previa adecuada.

La corporación aprobó por unanimidad someter a información pública el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector 9A, ubicado en la salida norte hacia El Verger. El proyecto prevé la construcción de 30 viviendas, de las cuales 12 serán de protección pública, así como una inversión superior a 1,5 millones de euros en urbanización.

El alcalde, José Ramiro, destacó que se trata de “un paso fundamental para ordenar el crecimiento urbanístico con criterios de sostenibilidad”, en línea con la normativa urbanística autonómica (TRLOTUP).

El portavoz del PP, Álex Hernández, expresó su respaldo al proyecto por incluir Vivienda de Protección Oficial, trasladar una gran superficie comercial —descongestionando el área del Prado— y mejorar el impacto visual de la entrada al municipio.

Por último, el pleno aprobó la moción institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), reafirmando el compromiso del municipio en la lucha contra cualquier forma de violencia de género. Todos los grupos respaldaron el texto, que recuerda la obligación de las instituciones públicas, recogida en la Ley Orgánica 1/2004, de impulsar políticas activas de prevención, atención y protección.

La escritora y periodista Marta Robles pasó por Letras al aire, en Radio Dénia Cadena SER, para presentar Amada Carlota, su nueva novela y la cuarta entrega de la saga protagonizada por el detective Toni Roures. Con esta obra, la autora celebra además su vigésimo título publicado, un hito que –según confesó– vive con especial emoción debido a la extraordinaria acogida entre los lectores.

Robles explicó que la chispa de esta historia nació hace años, tras conocer el testimonio de una antigua compañera de colegio, cuya hermana fue asesinada por su expareja. Aquel caso de violencia extrema, unido al relato familiar de un bebé robado y una relación clandestina, fue el germen de una trama que viaja entre distintas épocas: finales de los años 60, la España de los 80 y un presente situado en 2018.

En Amada Carlota, el lector transita entre tres líneas temporales que retratan una realidad incómoda: las clínicas clandestinas, los bebés arrebatados a sus madres, la violencia de género silenciada y los abusos sexuales en el ámbito universitario. La autora subrayó que su objetivo no es moralizar, sino “tocar el corazón” y permitir que sean los propios personajes quienes descubran la verdad, siguiendo la tradición del género negro de señalar injusticias sin convertir la novela en un ensayo.

La jueza Carlota Aguado —personaje central de esta entrega— se alía personal y profesionalmente con Roures, un veterano corresponsal de guerra marcado por las heridas del pasado. La relación entre ambos, compleja y llena de aristas, se entrelaza con una investigación que afecta directamente a la propia magistrada.

Robles reivindicó además la necesidad de revisar la memoria histórica para comprender cómo ciertos abusos y desigualdades tuvieron continuidad más allá de la dictadura. Recordó que el robo de bebés, por ejemplo, siguió produciéndose hasta bien entrados los años 80, ya en democracia, y reflexionó sobre el peso histórico de la “honra” impuesta a las mujeres, una idea que aún hoy condiciona la percepción pública de las víctimas.

Durante la entrevista, la autora también reflexionó sobre la importancia de los festivales literarios, el papel del lector, el compromiso ético del periodismo y la función social de la literatura como vía para generar empatía. El mundo femenino —reiteró— seguirá atravesando su obra, aunque desde un feminismo “inclusivo”, que integre a hombres y mujeres en un camino común hacia la igualdad.

Amada Carlota consolida así a Marta Robles como una de las voces más sólidas del género negro español, con una propuesta literaria que combina intriga, memoria y denuncia a través de personajes profundamente humanos.

El Ayuntamiento de Teulada ha aprobado en el pleno de noviembre el Presupuesto Municipal de 2026, que asciende a 23.837.207,52 euros. Las cuentas, que mantienen deuda cero y cumplen con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, suponen un incremento del 0,24 % respecto al ejercicio anterior, un aumento moderado que se logra sin elevar los impuestos municipales, según consta en la documentación económica del consistorio.

El cálculo de ingresos se basa en la evolución reciente de la recaudación municipal y en las transferencias previstas de otras administraciones. En esta edición, destacan los incrementos en varias áreas estratégicas: Medio Ambiente sube un 46,47 %, Educación un 40,33 %, Agricultura, Ganadería y Pesca un 24,61 %, Cultura y Fiestas un 23,32 %, Turismo y Fomento un 21,97 %, Sanidad un 15,52 % y Deportes un 10,93 %. Además, más de dos millones de euros se destinan al tejido asociativo de Teulada Moraira, una de las partidas culturales y comunitarias más elevadas de los últimos años.

En materia de inversiones, el presupuesto supera los 1,2 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figuran 45.000 euros para reforzar la seguridad ciudadana, incluyendo la adquisición de un dron para la Policía Local; 140.000 euros para la renovación de redes de saneamiento; y más de 300.000 euros para finalizar el aulario del CEIP Sant Vicent Ferrer.

El documento también prevé 100.000 euros para un nuevo escenario destinado a Fiestas y Cultura; más de 360.000 euros para la adquisición del futuro Museu de la Mar de Moraira; 115.000 euros —que se suman a los 500.000 ya consignados— para el nuevo Ecoparque de la calle Oviedo; 63.000 euros para la mejora de instalaciones deportivas y la instalación de una pista multideportiva; 48.500 euros para equipamientos en playas; 30.000 euros para nuevos columbarios en el Cementerio Municipal; y 5.500 euros para mejoras en el Centre d’Estudis Vicentins.

Según la estructura porcentual del gasto, destacan los capítulos de Alcantarillado, Residuos, Cementerio y Alumbrado Público (21,72 %), Seguridad y Protección Civil (12,28 %), Cultura, Fiestas y Juventud (10,17 %), Servicios Sociales (9,35 %) e Infraestructuras (8,69 %). El gasto de personal representa el 40 % del total del presupuesto.

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha subrayado que las cuentas se articulan en torno a tres ejes principales: el refuerzo de los servicios públicos esenciales, la mejora del entorno urbano y la calidad de vida, y el mantenimiento de la estabilidad financiera. “Es un presupuesto prudente y realista, elaborado pensando en la estabilidad económica del Ayuntamiento y en las necesidades reales de nuestros vecinos”, ha señalado. “Seguiremos trabajando con rigor y responsabilidad para consolidar un municipio dinámico, moderno y con servicios de calidad”.

Hay pocos precedentes en la historia del autogobierno valenciano de una investidura como la que vamos a vivir este jueves: un nuevo presidente sin venir de una convocatoria electoral, y además pasado el ecuador de legislatura. En concreto solo hay dos. La primera fue el 23 de julio de 2002. José Luis Olivas se convirtió en president sustituyendo a Eduardo Zaplana tras ser designado como ministro de trabajo del gobierno de Aznar.

Nueve años después, en 2011, también en julio, volvió a ocurrir algo parecido. Alberto Fabra fue investido presidente tras la renuncia de Francisco Camps asediado por los casos de corrupción en su gobierno. En ambos casos el relevo fue sencillo puesto que el PP disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta. Algo completamente diferente a lo que va a ocurrir esta vez: el PP está en manos de otra formación política para sacar adelante la votación y seguir al frente del Consell.

En cualquier caso que recordar de dónde venimos. El desencadenante de la crisis, conviene recordarlo, está en el funeral de estado por las víctimas de la DANA del 29 de octubre. Allí Mazón tuvo que escuchar gritos de «asesino», «cobarde», «sinvergüenza». Hasta ese momento Mazón había ignorado las peticiones de dimisión asegurando que su único propósito era liderar la reconstrucción y apelando a la estabilidad que le daba agotar una legislatura. Pero llegó el funeral de estado, la presión interna, la conversación con Feijóo, y la dimisión del president de la Generalitat.

Una dimisión en diferido (a esta hora Mazón sigue siendo presidente en funciones aunque anunció su marcha hace 24 días) y además sin desaparecer de Les Corts porque no ha renunciado al acta de diputado entre otras cosas para no perder el aforamiento. Hoy por cierto Mazón estará en el pleno de investidura.

Vox no dice abiertamente que va a apoyar al candidato Pérez Llorca, así que hasta que no se vote esta tarde no sabremos con seguridad si va a prosperar la investidura. Si no lo hace un un par de días se volverá a votar y solo hará falta mayoría simple.

¿Qué cabe esperar del discurso del candidato? Pues lo que está claro es que en su intervención, además de exponer las líneas de su acción de gobierno, y que pasa por culminar la reconstrucción, habrá guiños a las principales reivindicaciones que en público viene verbalizando Vox en sus intervenciones.

Se espera algún guiño a la migración con exigencias de control de fronteras, como el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados y devoluciones a sus familias. También más rebaja de impuestos, o combatir algunas de las cuestiones que forman parte del pacto verde europeo.

Pero sobre todo se espera de Pérez Llorca mucha carga crítica contra el Gobierno de España. Es lo que más simpatía puede despertar entre las filas de Vox. Ahí es donde veremos a Pérez Llorca exigir infraestructuras hidráulicas para evitar de nuevo una riada, como también piden los de Abascal.

El pleno se va a celebrar después de varios contactos y encuentros de PP y Vox pero sin ningún papel firmado, al menos que haya trascendido. Según Pérez Llorca, no es necesario firmar nada porque hay entendimiento entre partidos y pone como ejemplo el acuerdo para apoyar los últimos presupuestos de la Generalitat. Vox tampoco ha querido firmar nada. Aseguraba este luens el portavoz nacional del partido que no se fían del PP y que prefieren esperar al discurso del candidato a presidente.

En realidad detrás de todo esto hay mucha sobreactuación, teatrillo según algunos, y la realidad es que hay sintonía total. Pero la pregunta que cabe hacerse, Àngels, es por qué esas resistencias a esa foto conjunta o a dejar por escrito los compromisos o las condiciones para posibilitar la investidura de este jueves.

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El pleno del Ayuntamiento de Dénia aborda este jueves una moción para reclamar a la Diputación de Alicante el restablecimiento del financiamiento del programa Bonos Consumo, después de que este año la institución provincial haya retirado por completo su aportación. La campaña de 2025 solo ha podido ponerse en marcha gracias a la inversión municipal, que asciende a 216.750 euros, lo que ha permitido mantener una iniciativa muy valorada por comercios y familias y que permanecerá activa hasta el 9 de diciembre.

La ausencia de fondos provinciales ha reducido la capacidad de la campaña, dejando fuera a numerosos usuarios que en años anteriores sí pudieron acceder a los bonos. En ejercicios recientes, la contribución de la Diputación superó los 430.000 euros y permitió impulsar varias fases con una respuesta masiva de la ciudadanía. Solo en 2024, la aportación provincial —430.804 euros— generó un retorno económico de más de 1,05 millones de euros en compras en establecimientos locales.

Los datos de esta edición vuelven a evidenciar la elevada demanda. Tras la caducidad de los bonos de la primera fase el pasado lunes, el Ayuntamiento activó el martes una repesca con un remanente de 45.550 euros. Los bonos se agotaron en cuestión de minutos, pese a lo cual muchas personas se quedaron sin poder acceder a ellos.

La concejala de Comercio, Maria Josep García, sostiene que la retirada del apoyo provincial “no responde a criterios técnicos, sino políticos”, y advierte de que esta decisión “perjudica directamente al comercio local, a las familias y a la economía de la Marina Alta”. García subraya que el comercio de proximidad “es esencial para la cohesión social, la vida urbana y el empleo”, y destaca que el programa Bonos Consumo ha demostrado ser una herramienta eficaz para fortalecer el tejido empresarial.

El equipo de gobierno defiende que la Diputación recupere, al menos, las aportaciones de 2024 y que establezca un sistema de financiación estable y plurianual. El objetivo, señalan, es garantizar la continuidad de una herramienta que permite planificar con antelación, ampliar la participación ciudadana y generar un mayor retorno económico para la ciudad y para las economías familiares.

Les Corts Valencianes celebran este jueves el pleno para la investidura del candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, a la espera de que desvele el sentido de su voto Vox, cuyo respaldo es necesario para ser elegido.

Los 13 diputados de Vox son decisivos porque sumados a los 40 del PP suponen la mayoría absoluta en el Parlamento valenciano, si bien en los últimos días han señalado que esperarán a escuchar el discurso del secretario general del PPCV -cuyo inicio está previsto para las 11 horas- para decidir si le dan su voto afirmativo.

Antes del pleno, a las 10:30 horas, está convocada frente a Les Corts un concentración organizada por la plataforma Acord Social Valencià y con asistencia de las asociaciones de víctimas de la dana de rechazo a la investidura de Pérez Llorca, al considerar que hará políticas continuistas como las que causaron la muerte de 229 personas.

El segundo pleno de investidura de esta legislatura, en el que el Gobierno valenciano ha afirmado que estará presente Mazón, comenzará a las once de la mañana con el discurso del único candidato, que expondrá sin límite de tiempo su programa político de gobierno y solicitará la confianza.

A continuación habrá un receso, tras el que intervendrán los síndics de los grupos durante media hora cada uno, empezando por el socialista, José Muñoz, a quien seguirán el de Compromís, Joan Baldoví, el de Vox, José María Llanos, todos con sus correspondientes réplicas, y finalmente el del PP, Nando Pastor.

Acabado el debate, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), anunciará la hora de la votación, que será pública por llamamiento -se nombra a cada diputado para que responda ‘sí’, ‘no’ o ‘abstención’-, y suspenderá la sesión hasta entonces.

Una vez reanudada, se sacará una bola que marcará cuál de los 99 diputado será el primero en votar, a partir del cual se les irá llamando por orden alfabético del apellido, dejando para el final a los miembros del Consell que son diputados (solo lo es Mazón) y a la Mesa de Les Corts.

En primera votación, Pérez Llorca necesita para ser elegido mayoría absoluta (50 escaños), que obtendría si además de los 40 diputados del PP le apoyan los 13 de Vox. Socialistas y Compromís, que suman 46 diputados, han anunciado su voto negativo.

En caso de no obtenerla, el sábado habría una nueva votación, en la que bastaría mayoría simple. Si entonces tampoco se lograra la confianza para la investidura, habría un plazo de dos meses desde la primera votación para intentarlo, pasado el cual se disolverían Les Corts y se convocarían elecciones.

Una vez el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique su nombramiento por el rey, habrá un nuevo pleno de Les Corts para que Pérez Llorca prometa o jure el cargo de president y formule una ‘Proposició’ sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate

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La Policía Nacional ha detenido en Dénia a seis varones, de entre 20 y 40 años, por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Las detenciones se produjeron tras una investigación que permitió descubrir que una asociación registrada como entidad sin ánimo de lucro actuaba, en realidad, como punto de venta de sustancias estupefacientes.

La operación se inició cuando la Brigada de Policía Judicial detectó un local que, pese a aparentar legalidad, registraba un inusual trasiego de personas que acudían y abandonaban el establecimiento en pocos minutos. Varias de ellas fueron vistas posteriormente en posesión de marihuana o hachís, lo que reforzó las sospechas de los agentes.

Durante las pesquisas, la Policía identificó a los responsables del local y constató que ninguno tenía actividad laboral registrada. También se observó que el establecimiento abría en horarios irregulares y, en ocasiones, con la persiana a medio abrir, un comportamiento habitual en espacios utilizados para la distribución ilícita de sustancias.

Con autorización judicial, los agentes practicaron un registro en el local y detuvieron a los seis investigados. En el interior se intervinieron 532 gramos de marihuana, 16 gramos de hachís, botes con muestras etiquetadas para su venta, pequeñas taquillas donde se almacenaba la droga, básculas de precisión, recipientes y bolsas destinados al pesaje y distribución del producto.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Dénia, que continúa con el procedimiento.

La Policía Nacional recuerda que cualquier asociación o entidad debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente y que utilizar estas estructuras para encubrir la venta de drogas constituye un delito contra la salud pública. Asimismo, anima a la ciudadanía a comunicar de forma anónima cualquier indicio o actividad sospechosa, subrayando que la colaboración vecinal es clave para frenar la proliferación de estos puntos de distribución y reforzar la seguridad colectiva.

Dénia ha puesto en marcha la primera fase del proyecto de camerización del espacio público, una actuación estratégica destinada a reforzar la seguridad ciudadana y optimizar la gestión del tráfico urbano. En esta etapa inicial se han instalado 93 dispositivos de videovigilancia, además de un videowall compuesto por seis pantallas que se ubicará en la Jefatura de la Policía Local para el control centralizado de las imágenes en tiempo real.

El proyecto se desarrollará en tres anualidades hasta 2027, cuando está prevista la puesta en funcionamiento del sistema completo, que alcanzará los 190 dispositivos. Entre ellos se integrarán también los cerca de 80 equipos ya existentes en edificios municipales, que pasarán a formar parte de la nueva red unificada.

La iniciativa responde a un doble objetivo: reforzar la prevención y disuasión de conductas delictivas y dotar al municipio de una herramienta avanzada de análisis de datos que permita mejorar la seguridad viaria y la gestión de la movilidad.

El presupuesto total del proyecto asciende a 878.000 euros, financiados en un 40% a través de los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (2022), que impulsa la modernización tecnológica y la transición digital de destinos turísticos como Dénia.

La gestión ambiental de la Marina Alta vuelve a situarse en el foco político. El PSPV-PSOE ha denunciado la “parálisis” que, aseguran, mantiene el Consell del Partido Popular en dos de los principales parques naturales de la comarca: el Penyal d’Ifac, en Calp, y el Marjal Pego-Oliva, cuya conservación y gestión dependen de la convocatoria periódica de sus Juntas Rectoras.

Las diputadas socialistas Mayte García y Charo Navalón critican que estas reuniones, obligadas por normativa para planificar actuaciones, revisar problemáticas y coordinar a las administraciones implicadas, no se celebran desde hace años, lo que —afirman— está frenando la toma de decisiones clave para la protección de ambos espacios. En el Penyal d’Ifac, señalan la falta de actualización de los protocolos de conservación frente a la creciente presión turística, mientras que en el Marjal Pego-Oliva alertan de los retrasos en la gestión hídrica y en las actuaciones para frenar la pérdida de biodiversidad.

En octubre, las diputadas registraron una batería de preguntas en Les Corts para conocer por qué la Conselleria de Medio Ambiente no convoca las Juntas Rectoras ni activa los mecanismos de gobernanza previstos. Casi dos meses después, el conseller del área ha solicitado una prórroga para responder, lo que, para el grupo socialista, supone prolongar aún más una situación que deja a la Marina Alta sin una planificación ambiental efectiva en dos de sus enclaves naturales más sensibles.